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PANAMÁ: Comienzan los debates acerca del impuesto sobre la propiedad

Wednesday, 13 September, 2017

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá ha dado inicio al primer debate sobre el proyecto de ley 509, referente a la reforma de impuestos sobre la propiedad. En especial, se discute la propuesta de conceder un estatus de excepción de impuestos a viviendas cuyo valor no supere los USD120 000.

El proyecto fue anunciado el 9 de agosto de 2017, con la intención de incrementar el grupo de viviendas exentas de impuestos sobre la propiedad. Actualmente, la excepción solo se aplica a viviendas cuyo valor no supera los USD30 000.

Las propiedades que se enmarcan dentro de la reforma original propuesta son aquellas que constituyen el principal hogar de una familia, definidas como ciudadanos amparados por el Código de Familia. No obstante, varias empresas han expresado sus preocupaciones de que esta distinción no es justa y han sugerido que favorece a aquellos ciudadanos con niños.

En una declaración, la Asociación panameña de ejecutivos de empresa (APEDE), enunció que la reforma “debe contemplar una reducción mayor de la tasa impositiva aplicable a todas las propiedades que constituyen la principal vivienda, independientemente de si sus habitantes se ajustan a los conceptos de lo que constituye una familia”.

En consecuencia, el primer debate trajo como resultado una modificación propuesta que extendería la reforma tributaria a parejas casadas o incluso a residentes solteros.

Los propietarios cuyas propiedades superen el valor de USD120 000 también resultarían beneficiados por las nuevas tasas sugeridas, ya que pagarían solamente el costo de exceso de propiedad. Aquellos que posean propiedades valuadas entre USD120 001 y USD250 000 pagarían un 0,6 por ciento sobre el excedente de base impositiva de USD120 000, mientras que aquellos cuyas propiedades superan el valor de USD250 000 pagarían un 0,9 por ciento sobre el excedente.

El ministro de economía y finanzas, Dulcidio De La Guardia, ha descrito el proyecto como “un proyecto que protege el hogar familiar permanente e indefinidamente”.

Se espera que el proyecto entre en vigencia en 2019.

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