OECD report examines tax transparency in 16 Latin American countries

Lea la versión en español

The cited figure comes from the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), which notes it is considerably higher than the average for Asia (4 percent), Europe (11 percent) or the United States (4 percent), and leads to annual revenue losses of EUR19 billion for the region due to tax evasion and aggressive tax planning. Revenues lost due to tax non-compliance in the region were estimated at 6.1 percent of the regional gross domestic product in 2018, with income tax (3.8 percent) and value added tax (2.3 percent) being the most affected.

The OECD report notes that several of its governments are fighting back by adopting international automatic exchange of information (AEOI). Nine – Brazil, Chile, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panama, Peru and Uruguay – have signed the OECD's Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Six out of eight Latin American jurisdictions reviewed by OECD under the second round of peer reviews – Brazil, Costa Rica, Dominican Republic, Peru, Chile and Uruguay – were rated largely compliant on exchange of tax information on request; and nine – Argentina, Colombia, Mexico, Brazil, Chile, Costa Rica, Panama, Uruguay and Peru – already participate in AEOI. Ecuador is committed to start its first AEOI exchanges in 2021, but Bolivia, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras and Paraguay have not yet agreed a date for their first automatic exchanges.

The region has been a net sender of tax information requests between 2014 and 2020, with 3,949 requests sent and 2,343 requests received. 'Commitment to exchange of information is high in Latin America, with 81.2 per cent of countries surveyed (13 countries) giving EOI a high or very high priority', says the report. Only 18.8 per cent of respondents (three countries) consider EOI to be a medium priority, and no country deems EOI as having no priority within their development agenda.

However, beneficial ownership determination mechanisms are still in their early stages. Only six countries (Argentina, Brazil, Costa Rica, Paraguay, Peru and Uruguay) already require beneficial ownership information to be centralised in dedicated registers, while Colombia and Ecuador are in the legislative process for the approval of central registers. Six of the eight Latin American countries that had been fully reviewed in the second round of evaluations of the exchange of information on request standard by the end of 2020 had gaps in their beneficial ownership legal frameworks, with only two countries not receiving any recommendation for improvement. Chile, Costa Rica, Panama, Peru, and especially Guatemala, were rated as needing improvement, while Brazil and the Dominican Republic were rated as largely compliant.

The implementation of the AEOI standard is already having a significant impact in the region, says the report. Taxpayers are coming forward to disclose formerly concealed wealth in response to voluntary disclosure programmes (VDPs) launched prior to the first AEOI exchanges. Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru have launched VDPs in connection to AEOI, which have helped to identify at least EUR12 billion in additional revenue.

However, the use of AEOI data for non-tax purposes – a development being enthusiastically promoted by the OECD – has not been widely adopted in Latin America, says the report. Only Argentina has indicated that it is pursuing the idea. It has sent requests to 84 jurisdictions for the use of Common Reporting Standard (CRS) information for other purposes. So far, eight countries have given Argentina their unconditional authorisation, while 11 countries gave conditional authorisation and six refused to authorise it. Argentina also reported that specific authorisations related to information exchanged on request have all been granted by the sending jurisdiction with the exception of three cases: money laundering, criminal and customs matters.

Sources

• OECD
• OECD report (PDF)

Lea la versión en español

Un informe de la OCDE examina la transparencia fiscal en 16 países latinoamericanos

Un nuevo informe de la OCDE sobre la transparencia fiscal en América Latina estima que 900 mil millones de euros de la riqueza de la región se encuentran en paraísos fiscales.

La cifra citada procede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que señala que es considerablemente superior a la media de Asia (4 por ciento), Europa (11 por ciento) o Estados Unidos (4 por ciento), y supone una pérdida de ingresos anual de 19 mil millones de euros para la región debido a la evasión y la planificación fiscal agresiva. La pérdida de ingresos por incumplimiento fiscal en la región se estimó en un 6,1 % del producto interior bruto regional en 2018, al ser los más afectados el impuesto sobre la renta (3,8 %) y el impuesto sobre el valor agregado(2,3 %).

El informe de la OCDE señala que varios de sus gobiernos están contraatacando con la adopción del intercambio automático de información (AEOI) internacional. Nueve países -Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay- han firmado la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE. Seis de las ocho jurisdicciones latinoamericanas examinadas por la OCDE en el marco de la segunda ronda de revisiones por pares, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Chile y Uruguay, fueron calificadas como ampliamente cumplidoras en materia de intercambio de información fiscal previa solicitud; y nueve, Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Perú, ya participan en la AEOI. Ecuador se ha comprometido a iniciar sus primeros intercambios de AEOI en 2021, pero Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay aún no han acordado una fecha para sus primeros intercambios automáticos.

La región ha sido un emisor neto de solicitudes de información fiscal entre 2014 y 2020, con 3949 solicitudes enviadas y 2343 recibidas. "El compromiso con el intercambio de información es alto en América Latina, ya que el 81,2 % de los países encuestados (13 países) dan a la EOI una prioridad alta o muy alta", dice el informe. Solamente el 18,8 % de los encuestados (tres países) consideran que la EOI es una prioridad media y ningún país considera que la EOI no sea prioritaria dentro de su agenda de desarrollo.

Sin embargo, los mecanismos de determinación de la propiedad efectiva están todavía en sus primeras etapas. Solo seis países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay) ya exigen que la información sobre la propiedad efectiva se centralice en registros específicos, mientras que Colombia y Ecuador están en proceso legislativo para la aprobación de registros centrales. Seis de los ocho países latinoamericanos que habían sido revisados en su totalidad en la segunda ronda de evaluaciones de la norma de intercambio de información previa solicitud a finales de 2020 tenían lagunas en sus marcos legales de propiedad efectiva y solo dos países no recibieron ninguna recomendación de mejora. La calificación de Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, y especialmente Guatemala, indicó que necesitaban mejora, mientras que la calificación de Brasil y la República Dominicana fue que se los consideró como ampliamente cumplidores.

Según el informe, la aplicación de la norma AEOI ya está teniendo un efecto significativo en la región. Los contribuyentes están acudiendo a revelar un patrimonio anteriormente oculto en respuesta a los programas de revelación voluntaria (PDV) puestos en marcha antes de los primeros intercambios de AEOI. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú han puesto en marcha planes de desarrollo de la movilidad en relación con la AEOI, que han contribuido a identificar al menos 12 mil millones de euros de ingresos adicionales.

Sin embargo, el informe expresa que el uso de los datos de la AEOI para fines no fiscales, un desarrollo promovido con entusiasmo por la OCDE, no ha sido adoptado en la gran mayoría de los países de América Latina. Solamente Argentina ha indicado que está llevando a cabo la idea. Ha enviado solicitudes a 84 jurisdicciones para el uso de la información del Estándar Común de Información (CRS) para otros fines. Hasta el momento, ocho países han dado a Argentina su autorización incondicional, mientras que 11 países dieron una autorización condicional y seis se negaron a autorizarla. Argentina también informó de que las autorizaciones específicas relacionadas con la información intercambiada a petición han sido todas concedidas por la jurisdicción remitente, con la excepción de tres casos: el blanqueo de capitales, los asuntos penales y los asuntos aduaneros.

Fuentes

• OCDE
• Informe de la OCDE (PDF)